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En torno al proyecto de ley andaluz sobre la dignidad del proceso de muerte

Pablo Simón Lorda
Director del Área de Conocimiento "Ciudadanía y Ética", Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, España

Etica de los Cuidados 2009 ene-jun; 2(3)

 

 

 

Cómo citar este documento

Simón Lorda, Pablo. En torno al proyecto de ley andaluz sobre la dignidad del proceso de muerte. Etica de los Cuidados. 2009 ene-jun; 2(3). Disponible en <http://www.index-f.com/eticuidado/n3/et7074.php> Consultado el


Introducción

    Actualmente, la sociedad española, así como la de otros países europeos, está inmersa en un proceso de discusión sobre los contenidos y límites de lo que ha venido a denominarse "muerte digna".1

Aunque el debate en torno a las formas en la que mueren o deberían morir las personas es tan antiguo como la propia historia de la humanidad, lo cierto es que en las sociedades tecnológicas avanzadas dicho debate tiene perfiles nuevos, inconcebibles hace tan solo 10 años.2 Así, hemos ido descubriendo que, la "muerte digna" es etiquetable como un ideal moral de las personas, que puede incluso configurarse como derecho humano y que debería ser protegido jurídicamente. El derecho a una muerte digna no es más que la otra cara del derecho a una vida digna que todos tenemos. Hay muchos puntos de acuerdo en torno a los contenidos de este derecho. Por ejemplo, hay unanimidad en la idea de que uno de los contenidos es, necesariamente, el derecho a acceder a cuidados paliativos de alta calidad.3 También existe unanimidad respecto al derecho de la persona a tomar anticipadamente decisiones respecto a los tratamientos que desea aceptar o rechazar cuando ella no pueda decidir por sí misma. Esto ha llevado a muchos países del mundo a regular las voluntades anticipadas o testamentos vitales.4 Otro elemento que parece concitar consenso unánime es la necesidad de evitar la prolongación del sufrimiento del moribundo mediante tratamientos considerados "extraordinarios", "desproporcionados" o "fútiles", produciendo así lo que se ha denominado "encarnizamiento terapéutico" u "obstinación terapéutica".5 Así, cuidados paliativos, rechazo de tratamiento, voluntades anticipadas y evitación de la obstinación terapéutica constituyen hoy en día cuatro de los pilares incuestionables de lo que se ha llamado "muerte digna".

Pero existe una enorme confrontación sobre otro posible contenido, en concreto respecto a la posibilidad de reconocer el derecho a escoger libremente el momento y forma de la propia muerte y exigir la ayuda y colaboración de otras personas para realizarlo, especialmente de profesionales sanitarios. Este es el debate en torno a si pueden formar parte o no de la "muerte digna" el derecho a solicitar la eutanasia o la ayuda para el suicidio asistido.6

Toda esta polémica ha venido alentada en los últimos años por el debate público de casos reales en los que pacientes concretos, o sus familias, solicitaban a los profesionales sanitarios, a los jueces y gobernante, diferentes formas de "muerte digna". En EE.UU. la aparición de estas situaciones conflictivas ha sido una constante periódica desde los años 70.7 Los casos Quinlan, Cruzan o, más recientemente, el caso Terry Schiavo, las actuaciones de Jack Kevorkian o Timothy Quill o la legalización del suicidio asistido en los estados de Oregón, Washington o California, han acompañado el debate sobre la "muerte digna" en EE.UU. Sin embargo la aparición del actual debate en Europa es más reciente, de principios de los noventa. Sin duda fue la polémica en torno a la regularización legal de la práctica de la eutanasia en Holanda el detonante, pero después el debate se ha diversificado a lo largo de varios países europeos mediante casos como los de Piero Welby, Giovanni Nuvoli o, más recientemente, Eluana Englaro en Italia, Vincent Humbert o Chantal Sebire en Francia, Diane Pretty, Craig Ewert o Hanna en el Reino Unido.

La reflexión ética y jurídica en torno a las diversas formas de "muerte digna" en nuestro país, aunque puede rastrearse desde los primeros años del siglo XX, en realidad no se convierte en debate público y abierto hasta la década de los noventa, al igual que en el resto de países europeos.8 Es sin duda el año 1993, fecha en que por primera vez saltó a la opinión pública el caso de Ramón Sampedro, el punto de partida de este debate. En 1995 se aprobó el nuevo Código Penal, que en su artículo 143.4 tipificará como delito, por primera vez, las acciones eutanásicas, aunque con penas rebajadas. Tras la muerte por suicidio de Ramón Sampedro en 1998 y el posterior impacto mediático de su historia gracias a la película "Mar Adentro" (2004), los casos se suceden en el debate público: el caso de la sedación paliativa en el Hospital severo Ochoa de Leganés (2005-2009), el caso de Jorge León (2006), Madeleine Z (2007) y, muy especialmente, el caso de Inmaculada Echevarría (2006-2007).

El caso Inmaculada Echevarría ha supuesto un antes y un después en la polémica sobre la "muerte digna", pues por primera vez se discutió públicamente la retirada de un tratamiento a petición de un paciente capaz sabiendo que dicha retirada podía suponerle la muerte.9 Este caso mostró las dificultades jurídicas por las que podían pasar los enfermos para hacer valer sus derechos aunque estuvieran legalmente protegidos por la legislación vigente y, por tanto, la necesidad de mejorar la cobertura jurídica de estos derechos. Ese fue el motivo por el que el Gobierno de Andalucía y, más en concreto, la Consejería de Sanidad, estimó conveniente impulsar la redacción y tramitación de una propuesta legislativa que protegiera mejor todos los derechos en torno a la muerte digna que entraran dentro de sus competencias. Este es el Proyecto de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en proceso de muerte, que sin duda supondrá, cuando se apruebe, un importante hito en el avance de la protección del derecho a una muerte digna (http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/documentos.asp?pagina=muertedigna).

Este Proyecto de Ley de Andalucía regula diferentes contenidos del derecho a una muerte digna. Entre ellos están la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo de tratamiento, la sedación paliativa, la información y el consentimiento durante el proceso de muerte o el derecho a recibir cuidados paliativos. Además afirmará la necesidad de que, en caso de conflicto, se consulte a los Comités de Ética Asistencial. La futura Ley no regulará la eutanasia ni el suicidio asistido porque esta es una materia incluida en el Código Penal y, por lo tanto, sólo legislable por el Parlamento del Estado. Tampoco regulará la objeción de conciencia pues es muy probable que la Consejería de Salud trate de regular el ejercicio de este derecho mediante una norma específica y desde una perspectiva más amplia que la de la muerte digna.

Un aspecto muy positivo e interesante de la tramitación de este Proyecto de Ley ha sido la trasparencia y amplia oportunidad de participación de los profesionales y ciudadanos. El Anteproyecto fue sometido a debate público al colgarse en la página web de la Consejería y abrirse la posibilidad de alegaciones. Además, desde la Consejería se organizaron reuniones con los colectivos profesionales y ciudadanos que podían estar más implicados y afectados por la futura Ley, en un ejercicio de ética cívica poco frecuente en nuestro país. Actualmente el Proyecto ha iniciado ya su camino hacia el Parlamento y es previsible su aprobación antes de finalizar el año 2009. Tras su aprobación se abrirá una nueva etapa en nuestro país en torno al ideal de la muerte digna. La sociedad española tendrá que decidir si desea detenerse aquí o si desea avanzar hacia la regulación del último y más controvertido de los escenarios, el de la eutanasia y el suicidio asistido, como ya han hecho otros países del entorno europeo.

Bibliografía

1. Simón P, Barrio IM, Alarcos F, Barbero FJ, Couceiro A, Hernando P. Ética y muerte digna: Propuesta de consenso sobre un uso correcto de las palabras. Revista de Calidad Asistencial. 2008; 23(6):271-85.
2. Gracia D. Historia de la Eutanasia. En: Urraca S, editor. Eutanasia Hoy: Un debate abierto. Madrid: Nóesis, 1996; p.67-91.
3. Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Recomendación 1418 (1999). Protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos. Adoptada el 25 de junio de 1999. Disponible en http://www.unav.es/cdb/acoerec99-1418.html [Consultada 1 de abril de 2009].
4. Andalusian School of Public Health. Collaboratory on Advance Directives. Disponible en http://www.voluntadesanticipadas.com [Consultada el 2 de abril de 2009].
5. Monzón Marín JL, Saralegui Reta I, Abizanda Campos R, Cabré Pericas L, Iribarren Diarasarri S, Martín Delgado MC, Martínez Urionabarrenetxea K y Grupo de Bioética de la SEMICYUC. Recomendaciones de tratamiento al final de la vida del paciente crítico. Med Intensiva. 2008; 32(3):121-33.
6. Comité Consultivo de Bioética de Cataluña. Informe sobre la Eutanasia y la ayuda al suicidio. Barcelona: Departament de la Salut-Generalitat de Catalunya, 2006.
7. Barrio Cantalejo IM, Simón Lorda P. Criterios éticos para las decisiones sanitarias al final de la vida de personas incapaces Rev Esp Salud Pública 2006; 80(4):303-315
8. Simón Lorda P. Muerte digna en España. Revista Derecho y Salud 2008; 16(Número Extraordinario):75-94.
9. Simón Lorda P, Barrio Cantalejo IM. El caso de Inmaculada Echevarría: implicaciones éticas y jurídicas. Med Intensiva. 2008; 32(9):444-51.

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